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El SUP exige instrucción de servicio clara para casos de allanamiento y usurpación de vivienda

La Fiscalía General del Estado ha emitido la Instrucción 1/2020 sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, cumpliendo así lo anunciado por la titular de ese órgano en el acto de apertura del año judicial, el pasado 7 de septiembre, en donde afirmó, sobre los delitos relativos a esta tipología penal, que “la Fiscalía debe seguir impulsando el proceso ya iniciado de apertura hacia la sociedad, de permeabilización ante las necesidades de la ciudadanía”. Además, y según estadísticas publicadas por una agencia de noticias citando fuentes oficiales del Ministerio del Interior, los hechos conocidos de ocupación ilegal han pasado de 10.367 en 2015 a 14.621 en 2019 y en el primer semestre de 2020 ya se han contabilizado 7.540. La tendencia al alza es manifiesta y nuestro Cuerpo está gestionando esta problemática en muchas plantillas sin la orientación que ahora sí disponen los miembros del Ministerio Fiscal.

El SUP registró en el Consejo de Policía el 10 de septiembre una pregunta (Registro de Salida 667/80/2020) en la que ya alertábamos sobre “la preocupación social y la alarma que genera este fenómeno delictivo” y denunciábamos que “las intervenciones policiales en relación con las ocupaciones y sus desalojos causan una enorme inseguridad jurídica entre los policías nacionales”, añadiendo que la Policía Nacional “debe dar respuesta a las necesidades de la sociedad, para aumentar la calidad del servicio, la satisfacción de los ciudadanos”.

Habiendo transcurrido ya varios días desde esa propuesta, resulta una exigencia ineludible el contar con una plan operativo o instrucción de servicio en Policía Nacional para que los agentes que se enfrenten a estas infracciones penales puedan tener las suficientes garantías jurídicas en su intervención, eliminando además la disparidad de criterios que pueda haber en las plantillas e incorporando y trasponiendo las indicaciones de la Instrucción 1/2020 de la Fiscalía General del Estado. Si los fiscales disponen ya de esa orientación en sus intervenciones en los procedimientos penales resulta incomprensible que los policías no cuenten con un documento similar.

Por ello, Mónica Gracia, secretaria general del SUP, ha dirigido un documento al director general de la Policía reclamando que a la máxima urgencia se elabore por la Dirección Adjunta Operativa el plan operativo o instrucción de servicio sobre intervención policial ante delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, siendo difundido a continuación a todas las plantillas para su general conocimiento y aplicación.

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