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El SUP pide reforzar el reproche penal de la usurpación y las atribuciones policiales en el allanamiento para lograr una reducción real de estos delitos

Desde el SUP creemos que la actuación policial queda incompleta, según lo regulado en la instrucción de Interior, si no se dispone la detención del autor/es y la devolución de la propiedad

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclama una modificación urgente de la instrucción emitida ayer por la Secretaría de Estado de Seguridad para regular el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante la ocupación ilegal de inmuebles. En este sentido, consideramos que debe reforzarse el marco legal de la actuación policial y que se impone una reforma del Código Penal para cambiar la tipificación del delito leve de usurpación (artículo 245.2) por la de delito menos grave, aunque no medie el uso de la violencia. Y ello porque lo realmente relevante en estas acciones no es tanto el medio empleado en las mismas sino el objetivo -la ocupación del inmueble o la usurpación de un derecho real inmobiliario ajeno- y, sobre todo, el daño provocado en el propietario. Por ello, desde el SUP creemos que es imprescindible este cambio legal para que el efecto disuasorio que produzca actúe sobre el origen del problema y contribuya realmente tanto a reducir el número de usurpaciones como a mejorar las garantías jurídicas del trabajo de los policías nacionales.

También reclamamos que en el allanamiento de morada proceda siempre la detención del autor/res de la infracción penal y la entrega del domicilio a su propietario, sin necesidad de disponer de medidas cautelares que así lo determinen y, en cualquier caso, informando a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal de estas intervenciones y de sus resultados para recabar la tutela correspondiente y el control jurisdiccional oportuno. En este sentido, queremos recordar que el allanamiento no sólo violenta la morada ajena sino que afecta a la intimidad personal localizada en la morada. Por tanto, desde el SUP creemos que la actuación policial queda incompleta, según lo regulado en la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, si no se dispone la detención del autor/es y la devolución de la propiedad y uso legítimo al titular.

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En definitiva, creemos que el trabajo policial para hacer frente a la ocupación de viviendas necesita más que una instrucción y que debe llegar acompañada de cambios en el Código Penal que realmente desincentiven estas infracciones con la modificación de su reproche. También creemos necesario, como instamos esta misma semana a la Dirección General de la Policía, que se elabore una orden de servicio o plan operativo que trasponga a la actuación de la Policía Nacional los principios generales de la instrucción del Ministerio del Interior y mejore, en el sentido de lo reclamado por el SUP, algunos puntos que proporcionarán a los policías una intervención con mayor seguridad jurídica.

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En este sentido, y según ha sabido el SUP, en anteriores versiones de esta instrucción su redacción iba en el sentido que nosotros instamos en este momento y, como consecuencia de modificaciones ajenas al interés operativo o de la seguridad ciudadana, su versión final ha quedado desnaturalizada y no se ajusta en su totalidad a la necesidad policial frente a este tipo de delitos.

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Finalmente, queremos recordar que las situaciones de exclusión social o de necesidad que puedan motivar, en ocasiones, este tipo de infracciones penales trascienden lo policial y deben tener un tratamiento por parte de las Administraciones públicas para así también contribuir a la solución de esta problemática. Los policías se limitan a proteger la legalidad y a garantizar derechos constitucionales, como el de la propiedad, sin que por ello suponga negar la existencia de una componente de necesidad en algunas personas que incurren en ocupaciones de viviendas ante una situación familiar crítica que requiere de una intervención de los servicios de bienestar social, entre otros.

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