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El comisario provincial de Granada expedienta al jefe del aeropuerto por no identificar a los magrebíes que llegaban en vuelos desde Canarias

Alega “omisión de funciones” cuando, en realidad, no existía motivo objetivo para aplicar esa práctica policial restringida por la Ley Orgánica 4/2015 y una Instrucción de Interior

El SUP denuncia que el comisario provincial de Granada ha abierto un expediente disciplinario al inspector responsable del puesto fronterizo del aeropuerto de esa ciudad por no identificar a los ciudadanos magrebíes que llegaban en un vuelo procedente de las Islas Canarias. Esta medida que pretende sancionar a quien se limitó a aplicar la normativa vigente, es incompatible tanto con las restricciones que en materia de identificaciones establece la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, como con la interpretación operativa que de la diligencia de identificación hace la Secretaría de Estado de Seguridad en su Instrucción 7/2015.

El elemento desencadenante del expediente fue la llegada al aeropuerto de Granada
de un vuelo procedente de Gran Canaria, el pasado 14 de diciembre, entre cuyos
pasajeros se encontraban 12 ciudadanos magrebíes y subsaharianos. Solo una
semana antes, el inspector al que ahora se pretende sancionar, había recibido una
nota interior del jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Granada, en la
únicamente se instaba la comprobación de la existencia de posibles conexiones
criminales en los flujos de personas que llegasen al aeropuerto y expresamente se
citaban como elementos de actuación policial la normativa sobre identificación de
personas que, precisamente, es la que restringe esta práctica policial a unos requisitos
muy tasados que no se dieron.

Así, y siguiendo las instrucciones que había recibido, el inspector al mando del puesto
fronterizo dispuso realizar comprobaciones en las listas de pasajeros de los vuelos,
detectándose ciudadanos con rasgos magrebíes a los que se observó abandonando el
aeropuerto en medios de transporte públicos, como otros pasajeros, sin que ningún
vehículo privado acudiera a recogerles en lo que, en ese caso, habría sido un claro
indicio de organización criminal como la que se había ordenado detectar.
La no identificación de los viajeros de origen magrebí por la que ahora se pretende
sancionar a este funcionario se ajusta plenamente a la legalidad. El Código de
Fronteras Schengen establece que el cruce de fronteras interiores no está sometido a
inspección alguna de las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, y el vuelo procedente de Canarias era de carácter interior por lo que no cabía la práctica de
controles fronterizos.

Pero por encima de esa consideración policial, la Ley Orgánica 4/2015, de protección
de la seguridad ciudadana, tasa en su artículo 16.1 los supuestos en los que se puede
requerir la identificación de personas, limitándolos a la existencia de indicios sobre su
posible participación en la comisión de una infracción o a la prevención de la comisión de un delito, debiendo someterse esta práctica policial a criterios que eviten la discriminación por origen étnico o racial. Ninguno de estos supuestos se producía en ese vuelo y la propia Secretaría de Estado de Seguridad, en su Instrucción 7/2015,
circunscribe la identificación de ciudadanos a la existencia objetiva de alguno de los
dos supuestos establecidos en la citada norma.

Si todo lo anterior no fuera suficiente, la Circular 2/2012 de la Dirección General de la
Policía expresamente prohíbe las identificaciones “innecesarias, arbitrarias, abusivas y que supongan una extralimitación de las facultades que otorga al efecto el
ordenamiento jurídico a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

La no identificación de estos pasajeros magrebíes, en definitiva, no se produjo porque no existían en ese momento indicios ni de la comisión de un delito ni de su participación en una infracción administrativa. Incluso el Programa Nacional para la Aviación Civil (PNS) exige que los inmigrantes que tomen un vuelo nacional deban estar identificados para coger un vuelo comercial y la Ley Orgánica 4/2000 exige a las compañías aéreas que comprueben la validez y vigencia de los documentos de esos ciudadanos (que pueden ser el pasaporte o documento de viaje válido en vigor, el permiso de residencia o el carné de conducir expedido en España). Si todos ellos
habían embarcado previamente en el aeropuerto de origen, solo podrían haberlo
hecho con documentación acreditada y verificada allí.

En definitiva, el expediente disciplinario abierto contra el jefe del puesto fronterizo del aeropuerto de Granada por los hechos relatados es censurable, inoportuno y se
enfrenta a una pluralidad de normas y protocolos tan claros y estrictos sobre aquello
que se pretendía realizara el inspector que desde el SUP solo podemos exigir su
inmediato archivo. Cumplir la legalidad vigente no puede ser motivo de censura
disciplinaria en Policía Nacional y menos cuando en el citado vuelo que llegaba a
Granada con ciudadanos magrebíes procedentes de Canarias no se producían
elementos objetivos y acreditables que permitieran llevar a cabo actuaciones de
identificación y control documental por la posible comisión de delitos o infracciones.

RESUMEN DE PRENSA

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