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El SUP llevará a los tribunales la Ley de Personal de la Policía para evitar que la carrera profesional de miles de agentes se interrumpa por la exigencia de titulaciones

Recordamos a los grupos parlamentarios en el Congreso y a Interior que la DGP tenía la obligación, desde 2015, de diseñar una malla curricular que impidiera esta grave situación

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha recurrido en el orden jurisdiccional de lo
contencioso administrativo el incumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen de
Personal de Policía Nacional en lo relativo al diseño y puesta en marcha de una malla
curricular que, pese al mandato contenido en esa norma, no ha sido acometido por la
Administración en el plazo previsto de cinco años y que va a provocar la interrupción
del ascenso en la carrera profesional de miles de agentes por esa inacción.

Además de esa medida judicial, el SUP se ha dirigido a los principales grupos
parlamentarios del Congreso de los Diputados (PSOE, PP, Vox y Ciudadanos) y al
Ministerio del Interior para reclamar de todos ellos una intervención urgente ante esa
interrupción generalizada de las expectativas de ascenso en la Policía Nacional,
provocada por la finalización de la moratoria de cinco años en la exigencia de
titulaciones para promocionar y por la incapacidad de la Administración para articular durante este periodo una malla curricular, que incluyese los estudios universitarios y permitiera dotar de continuidad a los procesos formativos de nuestro Cuerpo.

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 9/2015, de Régimen de Personal de la Policía
Nacional, supuso un cambio radical en materia de exigencia de competencias
académicas para los ascensos, motivo, entre otros, por el que el SUP no aprobó esa
norma en el Consejo de Policía y la ha venido combatiendo a través de diferentes
procedimientos judiciales. Sin embargo, y al mismo tiempo, esa norma ponía en
marcha un plazo de cinco años para que la Dirección General de la Policía acometiese
las actuaciones necesarias para que, una vez pasado ese periodo, los agentes
dispusieran de la oferta formativa específica necesaria para que sus ascensos no se
vieran truncados. Esa moratoria terminó en agosto de 2020 sin que se lograse llegar a
tiempo para proteger los derechos de los policías en este ámbito. (Disposición
transitoria primera)

En las cartas remitidas a estos cuatro partidos políticos, el SUP recuerda que el
elemento esencial para evitar que miles de policías se quedasen sin poder ascender
después de estos cinco años era el Centro Universitario de la Policía Nacional, destinado a impartir la formación necesaria para alcanzar la titulación de grado
universitario y postgrado. Sin embargo, la DGP aún no ha logrado sacar adelante ese
proyecto, del que solo hay un borrador de Real Decreto para su creación y una
reserva de presupuesto para este año. Por ello, y teniendo en cuenta la lentitud de la
Administración, el SUP ha propuesto la aprobación de una norma que paralice esa
exigencia de titulaciones hasta que ese centro académico propio de nuestro Cuerpo
esté creado y en funcionamiento. Petición que se ha trasladado también al ministro
del Interior, al secretario de Estado de Seguridad y al director general de la Policía.

Además, y debido a las importantes lesiones en la carrera profesional de muchos
compañeros, el SUP ha reclamado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno todos
los expedientes administrativos sobre el diseño de la malla curricular en Policía
Nacional, al entender que de su examen podrían desprenderse responsabilidades ante
la inacción de estos años que cercenará las legítimas expectativas de ascenso de miles
de funcionarios. Petición que se ha ampliado, además, al Defensor del Pueblo, a quien
se ha reclamado amparo ante esta situación y su intercesión para el acceso a la
información que la DGP niega.

Responsabilidades que adquieren una relevancia adicional, teniendo en cuenta que la
Guardia Civil creó su Centro Universitario en 2009 para impartir enseñanzas
conducentes a la obtención de los títulos de grado universitario y de postgrado, en las
modalidades de máster y de doctor. La inacción, por tanto, se ha impuesto en la
Policía Nacional, incumpliéndose así la obligación establecida en 2015 por la Ley
Orgánica de Régimen de Personal y, lo que es más preocupante, generando un limbo
en la carrera de muchos profesionales de la seguridad pública, que tendrán que
esperar varios años hasta que la Administración cree el Centro Universitario en el
Cuerpo y comience a impartir las titulaciones necesarias para ascender con
normalidad.

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