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Interior retoma la adjudicación de pistolas eléctricas para los policías

La Dirección General de la Policía ha desbloqueado los plazos administrativos que se aplicaban de forma general desde que se declaró el estado de alarma para poder ejecutar la compra de 1.000 pistolas eléctricas alegando que se trata de un equipamiento «indispensable» y que el retraso afectaría al «funcionamiento básico de los servicios de seguridad ciudadana».

La UTE formada por Axon Public Safety Germany SL -filial de la antigua Taser International- deberá entregar a la Policía Nacional los primeros 300 dispositivos electrónicos de control antes del mes de octubre por los que el Cuerpo pagará 2.099.350 millones por este lote.

La adjudicataria tendrá que entregar las primeras 300 unidades antes del 1 de octubre, suministrando otras 300 en 2021 (antes del 1 de junio) y las 400 restantes el 29 de febrero de 2022.

Lo hemos luchado y lo hemos conseguido

Los policiales nacionales dispondrán de una nueva herramienta de trabajo en los próximos meses tal y como lleva reclamaba el Sindicato Unificado de Policía (SUP) durante los últimos años exigiendo a la Dirección General de Policía (DGP) que incorpore a la equipación de los agentes la pistola eléctrica como medio intermedio de defensa que mejore la seguridad de los funcionarios y de los ciudadanos en las intervenciones.

Esta herramienta, con la que cuentan las Policías Autonómicas desde 2008 (Mossos y Ertzaintza) y más de doscientas Locales desde 2002, tiene amparo legal en el artículo 5.1 del Reglamento de Armas y supondría aumentar la gama de elementos con los que cuenta un policía nacional ara hacer frente a un episodio violento, de acuerdo con los principios básicos de actuación de proporcionalidad, oportunidad y congruencia.

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