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El SUP reclama a los delegados del Gobierno que medien ante las CCAA para que los policías tengan acceso a pruebas de diagnóstico de COVID-19 como colectivo de alto riesgo

Responsables del sindicato en cada Comunidad Autónoma registrarán escritos para implicar a las consejerías de Sanidad en la protección de la salud de los agentes y sus familias

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha puesto en marcha una iniciativa para instar la mediación de los delegados del Gobierno en la solicitud de incluir a los policías nacionales en la atención sanitaria que ofrecen las Comunidades Autónomas a los colectivos de riesgo frente al contagio del COVID-19. De esta forma, responsables sindicales tramitarán escritos en los que se reclama que los agentes tengan esa consideración médica y, con ella, acceso a las pruebas diagnósticas para determinar ante cualquier sospecha si han sido contagiados o si, por el contrario, pueden seguir prestando su servicio con normalidad y sin necesidad de someterse a una cuarentena.

Esta propuesta busca que las consejerías de Sanidad se impliquen en la protección de la salud de un colectivo, el de PN, que resulta esencial para aplicar las disposiciones del Real Decreto 463/2020 en materia de restricción de movimientos de la ciudadanía para evitar contagios. De esta forma, los agentes y sus familias podrían acceder, a través de un teléfono específico, a los servicios asistenciales de cada Comunidad Autónoma en lo relativo a la práctica de pruebas que, en caso de síntomas compatibles con el coronavirus, confirmen o descarten su transmisión.

La campaña del SUP pretende acceder a un recurso, el de las pruebas médicas, que evitaría la elevada cifra de policías que, al tener la sospecha de haber sido contagiados, se ven obligados a confinarse en casa hasta pasar el periodo de cuarentena necesario. Hasta el momento, cientos de funcionarios en toda España se encuentran en esta situación y la cifra está aumentando en los últimos días en una tendencia que, de mantenerse, podría afectar a la presencia policial en la calle y, por tanto, a la necesaria operatividad para hacer frente al coronavirus.

Desde el SUP se ha propuesto al Ministerio del Interior, además, cerrar todos servicios al ciudadano que no resulten esenciales y mantener una parte considerable de los efectivos de las Unidades no uniformadas en sus domicilios, pendientes de movilización, para poder contar con un relevo o refuerzo suficiente en caso de que las bajas por contagios o los confinamientos por sospechas sin confirmación acaben reduciendo las capacidades operativas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana y las libertades públicas durante el estado de alarma.

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