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Las 5 reclamaciones del SUP para la comisión de seguimiento frente el Covid-19

El 14 de marzo de 2020 entró el vigor el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En dicha norma se establece un papel esencial a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, motivo por el cual el 15 de marzo el Ministerio del Interior dictó la Orden INT/226/2020 en la que se criterios de actuación.

La instrucción tercera de la mencionada Orden dispone que la Direcdón General de la
Policía (DGP) adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean adecuados para garantizar su seguridad y salud, velando por su uso efectivo y correcto, y la necesaria vigilancia y seguimiento del estado de salud de los mismos.

Con el fin de dar cumplimiento a estos requerimientos, el 16 de marzo de 2020 la DGP elaboró el Plan de Actuación frente al COVID-19 que, en su apartado 3.1.c), dispone la constitución de un Grupo de Seguimiento Administración Sindicatos con el propósito de mantener informados a los representantes de los miembros de nuestra Corporación sobre la evolución de la crisis, así como de las medidas adoptadas por aquel centro directivo. Dicho Grupo estará formado por representantes de la Administración designados por el Equipo de Coordinación y Seguimiento y miembros de las organizaciones sindicales representativas en el ámbito policial y no policial. Asimismo, dispone que las organizaciones podrán presentar las propuestas de actuación y mejora que consideren pertinentes, en el seno de las reuniones que
se celebren.

El 24 de rnarzo de 2020 se llevó a cabo, de forma telernática, la única reunión del Grupo de Seguimiento Administración-Sindicatos que se ha realizado, por lo que esta Organización entiende que se incumpliendo, de forma flagrante, el Plan de Actuación frente al COVID19 en la DGP en lo concerniente al derecho de información, consulta y participación de los delegados de prevención.

El refuerzo de la adopción de medidas que posibiliten una mayor información de todos los aspectos relacionados con la gravísima accidentabilidad que está sufriendo la Policía Nacional viene justificado por la gravedad de la situación sanitaria y las deficientes medidas practicadas por los responsables de la DGP hasta el momento para evitar el contagio de los funcionarios, lo cual ha provocado numerosos contagios de COVID-19 y con ello, fallecimientos y enfermos de gravedad.

Los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores, directamente o por medio de sus representantes, vienen recogidos en los arts. 18, 33, 34 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), así como en los arts. 13 a 17 del Real Decreto 2/2006 de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

Los delegados de prevención tienen el derecho a acceder a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones, lo que se traduce en el deber de la DGP a facilitar dicha información y documentación. El empresario tiene la obligación de consultar a los trabajadores sobre cualquier acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la y salud de los trabajadores.

Asf pues, la Administración tiene la obligación de informar tanto de las actividades de protección y de prevención realizadas como de los resultados de las mismas, al relacionarlos con la siniestralidad (en particular la investigación de los accidentes laborales) y la eficacia de las medidas implementadas para eliminarla o reducirla.

Más allá de la necesaria revisión de la evaluación de aquellos puestos de trabajo afectados por haberse producido daños en la salud de los trabajadores, la información de interés que debe facilitarse viene referida explícitamente a las medidas impuestas en cada puesto de trabajo concreto donde se han producido los contagios por COVID-19 y su impacto real sobre la siniestralidad.

Dicha obligación de la DGP tiene un carácter reforzado (art. 21.1.a LPRL) cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo que pueda suponer un daño para su salud de difícil o imposible reparación, como resulta ser la exposición a riesgo biológico por COVID-19. En este escenario la DGP está obligada a informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados (y a sus representantes) acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. De esta forma la información solicitada cumple la finalidad de control y vigilancia.

Por otra parte, el deber de consulta reconocido con carácter específico a los delegados de prevención permite verificar si los cambios existentes actualmente en las condiciones de trabajo provocan una variación o agravación de las variables ambientales y de seguridad, por lo que trasciende más allá del deber de colaboración.

La consulta parte de la idea de que el trabajador, como sujeto que desarrolla directamente la actividad encomendada y, consiguientemente, conocedor de las condiciones habituales en la que esta se desarrolla, puede contribuir decisivamente en la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en los servicios ordenados. Así pues, la participación de los sindicatos resulta fundamental para minimizar el dramático impacto que la infección provocada por COVID-19 tiene en el colectivo policial.

Por tales motivos, la DGP debe garantizar la reunión periódica del Grupo de Seguimiento Administración-Sindicatos donde la Administración informe a los representantes sindicales de la evolución de la crisis generada por Covid-19 y de las medidas adoptadas por ese Centro Directivo y donde los representantes sindicales puedan presentar las propuestas de actuación y mejora que consideren pertinentes.

Tratándose de la situación actual excepcional, se requiere de la DGP una actividad de prevención adicional y diseñada específicamente para hacer frente al posible contagio de Covid-19. Para ello, reclamamos que se nos facilite:

1) Número de test de diagnósticos realizados en Policía Nacional, dónde y bajo qué circunstancias se han practicado y cuál es el amparo normativo y sanitario de poner a trabajar a funcionarios que tras superar el periodo de cuarentena no han sido diagnosticados mediante prueba para certificar que no pueden contagiar a nadie.

2) Número de equipos de protección individual repartidos desde el inicio de la crisis, tanto los que ya tuviera la DGP en stock como los posteriormente adquiridos, desglosando por plantillas, cronología de entregas, criterios de distribución, instrucciones para su solicitud y entrega, adjudicaciones y/o compras realizadas y pendientes, etc.

3) Gestiones que ha realizado la DGP y ante qué instancias para que los policías nacionales sean considerados colectivo de alto riesgo, teniendo en cuenta que el
ministro de Sanidad remitió una carta al SUP en la que expresamente señalaba que su no tenía objeción alguna a esa clasificación y que debería realizarse un estudio sobre los puestos de PN y su nivel de exposición.

4) En relación con el punto anterior, qué valoración se ha hecho de los puestos de trabajo de la DGP de cara a su clasificación frente al nivel de potencial exposición al Covid-19.

5) Número de funcionarios contagiados, aislados y fallecidos (en activo, segunda actividad o jubilados) en nuestro Cuerpo por plantillas y evolución de las cifras
desde el inicio del estado de alarma.

El art. 97 de la LO 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional establece como órgano paritario de participación con representación paritaria de la Administración y de los representantes de los Policías Nacionales, en materia de prevención de
riesgos laborales a la CSSLP y el art. 15 del RD 2/2006 añade que dicho órgano tiene como objeto la consulta regular y periódica de las actuaciones de la administración, en materia de riesgos, seguridad y salud laboral.

En virtud de lo expresado, el SUP solicita:

1) La convocatoria, con carácter urgente, de una reunión del Grupo de Seguimiento Administración-Sindicatos en la que se de respuesta a los cinco puntos señalados en este escrito.

2) Que se convoquen reuniones de forma periódica con el Grupo de Seguimiento Administración-Sindicatos.

3) Que la celebración de las reuniones del Grupo de Seguimiento Administración-Sindicatos se desarrollen en el seno de la CSSLP, siguiéndose sus normas propias de funcionamiento, en especial, el levantamiento de Acta de cada sesión y su traslado a todos los miembros del grupo de seguimiento.

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